PENSARC

Conocemos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos que el ser humano tiene derecho a muchas cosas; sin ir más lejos, a la educación, la salud y la justicia, por citar tres bien conocidos. Pero en el artículo 27 de la citada declaración también se reconoce que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. No es solamente que se tiene derecho a participar en la ciencia, sino también a recibir sus beneficios.

Casi pasa por obvio que la ciudadanía se beneficia a lo largo de la historia de los hallazgos de la ciencia. La ciencia tiene una dimensión práctica que hace que sus resultados, tarde o temprano, se sustancien en mejoras de la calidad de vida de los seres humanos. Pero no es tan obvio la otra dimensión del derecho a la ciencia, la relacionada con la participación en la misma que, a mi juicio, tiene también una doble vertiente: la instrucción mediante la educación fundamental en ciencia y, finalmente, la posibilidad de implicarse en hacer o dedicarse a la ciencia.

La Declaración Universal sirve de sustento a nuevos tratados que han surgido posteriormente que desarrollan en más detalle su articulado, además de ser vinculantes para los estados que los ratificaban. Así, en uno de los pactos de 1966, el denominado Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 15 se reconoce “el derecho de toda persona (…) a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”.

Ese artículo también incluye que los estados firmantes tomen medidas “para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia”, “respetar la indispensable libertad para la investigación científica” y “el fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas”.

Sobre estas cuestiones trata un excelente artículo escrito para el diario El País el 18 de Noviembre de 2018 por Mikel Mancisidor, profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la American University (Washington D.C.) y miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Deseo traer aquí este asunto porque el derecho a la ciencia ha quedado respaldado recientemente por la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en la declaración de Guatemala que se hizo pública el 16 de Noviembre de 2018.

En su apartado 45 los países iberoamericanos se comprometen a respaldar el artículo 15 del Pacto mencionado anteriormente y a avanzar hacia el “reconocimiento efectivo del derecho humano a la ciencia”. Mancisidor titula su artículo “La ciencia, un (viejo) derecho humano con futuro”, lo que da que pensar. Y es verdad que ese derecho está contenido ya en la Declaración Universal, que pronto celebrará sus setenta años, así como en otros acuerdos posteriores que, como los pactos mencionados, tienen más de cincuenta años.

¿Por qué ha transcurrido tanto tiempo para que ahora la UNESCO o las Naciones Unidas, entre otras, se pongan a desarrollar el discurso de la ciencia como derecho humano? En la declaración de Guatemala se hace referencia, querido lector, a trabajar por “el reconocimiento efectivo del derecho humano a la ciencia”. Si se manifiesta que sea “efectivo” es decir, “con efecto” es porque se está aceptando implícitamente que no lo tiene, algo que suele ser bastante habitual en buena parte de los derechos recogidos en la Declaración Universal.

El reconocimiento de la existencia de algún problema importante, universal, relacionado con la falta de efectividad de alguno de los derechos es lo que lleva a las instancias internacionales oportunas a avanzar en su implementación, en su realización. Y si lo aplicamos al caso de la ciencia se puede decir que es ahora mismo cuando lo hemos detectado y cuando nos lanzamos a su puesta en práctica más allá de las declaraciones fundamentales. ¿Por qué la ciencia, ahora, si siempre ha estado ahí? Pues porque, a mi juicio, estamos enfrentados a muy serios problemas de carácter mundial que requieren que su voz sea más oída que nunca.

Y qué mejor que a través del reconocimiento, obvio por otro lado, de que la ciencia sea un derecho humano, que los estados y los gobiernos se vean compelidos a tomar medidas contando con la ciencia para afrontar los graves problemas que nos aquejan ahora y en el futuro inmediato. El derecho humano a la ciencia tiene mucho futuro porque sin ciencia no lo tenemos garantizado.

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