CON CHANFLE Y SAL

El primer pleito de López Obrador no ha sido con los medios de comunicación ni con los gobernadores. Ha sido el poder Judicial quien ha plantado cara a una de sus medidas más emblemáticas: la reducción de sueldos.

El 5 de noviembre, con AMLO todavía a un mes de acceder a la presidencia, fue publicada la ley de remuneraciones, que estipula que nadie puede ganar por encima del presidente de la República. De esta forma, el día 21 de noviembre, la magistrada sinaloense Sonia Rojas promovió un amparo para que su sueldo no sea afectado en enero, cuando entre en vigor el presupuesto de 2019.

Su demanda fue aceptada en un tribunal. Hasta la última semana de transición, se habían promovido 440 juicios que incluyen a 2,194 quejosos, entre ellos 291 jueces y 323 magistrados de circuito. Fuentes del Poder Judicial estiman que la cifra escalará rápidamente entre los 1,429 puestos más altos de la judicatura: ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces de distrito, consejeros de la judicatura y magistrados electorales.

El choque con el Poder Judicial es el primero al que se enfrenta AMLO ya como Presidente de la República. Hay que entender dos cosas de este coflicto. Si bien los poderes legislativo y ejecutivo, pueden emitir normas de carácter general –típicamente leyes o reglamentos– corresponde al poder judicial determinar el significado último de las mismas.

En muchas ocasiones, de la especificación de dicho significado dependerá la validez o no de decisiones fundamentales. Esta facultas es la que lo convierte en el órgano de control más importante. Por ello, se considera que el Poder Judicial es el garante de la democacia. Si analizamos la coyuntura, veremos que tras la victoria del 1 de julio, MORENA tiene una mayoría absoluta en las dos Cámaras del Congreso, por lo que la oposición política es simbólica.

Los jueces, en ese sentido, se vislumbran como la única contención a López Obrador. Derivado de esta particularidad, habría que señalar la segunda, o más bien, su axioma. Cuando los juzgadores claudican en su función de control ante los poderes públicos, privilegian ilegalmente algunos intereses sobre otros bienes corrompen y erosionan al proyecto social en su conjunto.

Para decirlo con las palabras de Charles Howard Mcllwain, un clásico en la materia: “la única institución esencial para defender el derecho siempre ha sido y todavía es un poder judicial honesto, hábil, preparado e independiente.”

Así, en el momento en que un poder judicial decide como institución, o bien a través de alguno de sus miembros, por convenir a intereses de otra naturaleza, dejar de lado la honestidad, sus mejores habilidades y conocimientos, así como su independencia o autonomía para resolver un asunto, no sólo daña un proceso en específico sino a las partes involucradas.

El daño se inflige sobre todo el mecanismo creado para proteger al Estado y a la sociedad en su conjunto. Se está dejando al Estado de derecho sin su mecanismo de control para quedar únicamente como estructura de simulación vacía de todo contenido. El propio Poder Judicial reconoce que su actuación ha estado llena de nepostismo al nombrar o promover a sus cónyuges, concubinos o parientes en puestos judiciales.

Para combatir esto hace falta una reforma judicial de fondo, donde la propia carrera se haga a través de cursos y exámenes de habilitación, donde se registren públicamente los méritos de los servidores públicos que ponderará, además de la experiencia, la formación académica, sanciones, notas desfavorables en el expediente y premios y reconocimientos.


La percepción de la corrupción
Fuente: Transparencia Mexicana, 2018

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