Muchas lecciones dejó la reciente consulta popular para definir el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM); hay quienes la ubican como “piedra de toque” para que sean ejercicios de democracia participativa recurrentes bajo la nueva administración. Pero hay quienes, bajo un agudo sentido de sensibilidad política advierten que lo mejor es cambiar las reglas existentes y así evitar que el mecanismo se desgaste y pierda legitimidad.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, luego del primer día de la consulta del NAICM lanzó una clara advertencia:

“A mis adversarios les digo que se vayan acostumbrando porque cada vez que sea necesario, cuando se amerite va la consulta. Es más, vamos a reformar la Constitución para que no haya límites y los ciudadanos puedan solicitarla cuando haya un tema de interés público”.

Ante esta perspectiva, y que como resultado del ejercicio del 25 al 28 de octubre se haya determinado que se cancelará el proyecto de Texcoco, algunos sectores y liderazgos encendieron focos de alerta sobre lo que implica “una consulta”. El banco de inversión suizo UBS lanzó una cautelosa pero precisa alerta:

“Vemos la posibilidad de que un referéndum público sea aprobado como una forma constitucionalmente válida de hacer cumplir los cambios en el futuro, incluida la posibilidad de extender el mandato presidencial de seis años”

Ante el caudal de críticas, algunas de ellas con clara intencionalidad política,  el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, busca aclarar el panorama; “es la última consulta que se hizo con esas características (al margen de la ley), con esas restricciones, con esa coyuntura. Todas las consultas que se hagan de aquí para adelante, de las decisiones más relevantes para el país, cuando así se decida, tendrán que apegarse necesariamente a la ley que regula las consultas populares”.

La ley actual

– El Artículo 35 Constitucional establece que las consultas populares deber ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República.

– También por el equivalente al 33 por ciento de los legisladores federales.

– En su caso, impulsadas por el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

– Con base en la Ley Federal de Consulta Popular, se debe realizar el mismo día de una elección federal para que el resultado de ésta sea representativa.

-Con ello legalmente una consulta solo podría realizarse hasta 2021.

No, eso no fue una consulta, se trata de un sondeo chafa. NO VINCULANTE.

Tenemos una Ley Federal de Consulta Popular reglamentaria de la fracción VIII del Artículo 35 constitucional que establece reglas claras y democráticas. Esto sería una consulta.

Mario Delgado recordó que una iniciativa se presentó desde el 25 de septiembre para establecer bases y lineamientos que permitan aplicar revocación de mandato y consulta popular, como herramientas de participación ciudadana:

– Plantea que pueda haber consultas populares cada año, el primer domingo de julio.

– Indica como candados que se ponga a consulta ningún tema de derechos humanos.

– Se buscaría, incluso, que la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato pudiera ser una obligación.

Con excepción de que la soliciten los ciudadanos, la petición debe ser aprobada por la mayoría de ambas cámaras y los resultados de la consulta serán vinculatorioscuando la participación total sea de al menos 40 por ciento de la Lista Nominal.

Puntualiza entonces que la única restricción sobre esas consultas serán los impuestos, “obviamente si se somete a consulta un impuesto pues nos vamos a quedar sin tributo”.

Por ello López Obrador ha planteado que pueda someterse a consulta, cada dos años o a la mitad de su administración, una eventual revocación del mandato si la población considera que él y su equipo no están dando los resultados esperados.

Ante esto, el universo de posibilidades se multiplica: desde algún otro proyecto de infraestructura, hasta decisiones de alto impacto como legalizar alguna droga o ampliar a todo el país la interrupción legal del embarazo a las 12 semanas ocurre en Ciudad de México; en esta línea hay que recordar que aún se supone que está en proceso una consulta para modificar o derogar la actual Reforma Educativa.

Si en verdad hay voluntad política para realizar una amplia “operación cicatriz” entre los sectores “raspados” por la consulta del NAICM, las bancadas de Morena ya tienen una prioridad más: ajustar este marco legal para legitimar por completo las consultas participativas.

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