CASTILLO

Mucho se ha debatido sobre si la consulta realizada por MORENA, con objeto de conocer qué opina la población sobre la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), ha sido válida o no. Los empresarios, conocido el resultado que dio al traste la opción de Texcoco, han apuntado a que no es un mecanismo legal.

Pero hay que tener en cuenta que la aspiración democrática no se restringe al intermitente ejercicio del voto en la elección de representantes, sino que implica la existencia de una sociedad participativa que cuente con los canales idóneos para influir en las decisiones públicas. Estos mecanismos pueden servir como válvulas de escape, pues brindan a los ciudadanos la oportunidad de decidir sin intermediarios.

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La pretensión básica es aportar legitimidad a una decisión política que facilite su implementación. Eso es lo que los empresarios no han entendido del todo y en lo que pocos opinólogos han puesto atención. Ahora bien, no puede ser catalogada como fracaso, porque desde su misma definición, toda consulta implica la posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie en contra (lo que pondría en jaque la ejecución de una política pública sin importar su conveniencia) o que se conduzca con apatía hacia el ejercicio. Y ese riesgo existía en este ejercicio.

En México, los mecanismos de participación ciudadana se encuentran todavía en ciernes, lo que genera un área de oportunidad para mejorar su diseño y evitar que su uso se trivialice. Ahora bien, entender sus límites en los asuntos de gobierno es el primer paso para hacer un buen uso de estos mecanismos.

La experiencia indica que no todos los temas debieran ser sometidos a votación ciudadana (por ejemplo, casi nadie votaría a favor de pagar más impuestos, pero no es verdad que la población no pueda expresar su opinión sobre proyectos que comprometen el presupuesto o el margen de un gobierno). Ciertamente, usados con prudencia, dichos mecanismos pueden contribuir de forma positiva a empoderar a la ciudadanía y generar un sano contrapeso a las decisiones gubernamentales. Por ello, son fundamentales en la IV Transformación.

El éxito de una consulta requiere de una estrategia de comunicación eficaz que permita informar las ventajas de determinada medida y logre crear interés para incentivar la participación civil. La baja participación produce dudas hacia la representatividad de los resultados y, por ende, merma la legitimidad de la opción vencedora.

La premisa ahí es: ¿cuánto de la baja asistencia se puede deber al desinterés producido por conocer la falta de obligatoriedad de los resultados? O en términos más pragmáticos, ¿para qué participar si la decisión ya está tomada? Así, muchos actores del sector empresarial se preguntaban si el único objetivo era conocer el sentir de la sociedad, por qué no sustituir esta consulta por una encuesta. Ahí entra el tema de la sensibilidad: evidentemente, no es lo mismo acudir a la urna, que una persona te pregunte tu opinión.

A la fecha, los ejercicios de participación ciudadana han fungido como una forma de deslindarse del pago de costos electorales ante la toma de decisiones controversiales. Por supuesto, vemos necesario realizar ajustes a la ley para que los resultados sean vinculatorios. Es el reto que tenemos como mayoría en la LXIV legislatura, no lo negamos.

Al final de cuentas, gobernar es decidir. Y lo interesante de este ejercicio es que mostró que Andrés Manuel no le tiene miedo a tomar decisiones. Ese tiempo en el que el presidente de turno se escudaba en tal o cual motivo para lavarse las manos ha quedado atrás. Quizá eso es lo que ha producido tanto pánico.

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