• El Poder Legislativo sigue empeñado en avasallar la autonomía del Poder Judicial de la CDMX; se le podría interpretar que es el inicio de la violenta tesis de Andrés Manuel López Obrador de mandar al “diablo” a todas las instituciones, a través de marrullerías jurídicas, una vez que asuma la Presidencia de la República
  • Alertan que la independencia y libertad del Poder Judicial es parte de los principios constitucionales básicos que dan vida al Estado mexicano; en consecuencia, es de suma importancia que la elección del futuro presidente del Tribunal se efectúe lejos de intereses económicos, políticos o partidistas, y sin intervención del Ejecutivo ni del Legislativo
  • La independencia judicial es uno de los pilares de las democracias modernas y sería el único freno del absolutismo de la tiranía

BLAS A. BUENDÍA

Reportero Free Lance

blasalejo@yahoo.com

Un tema de legalidad, pero a su vez de contradicción que se interpretaría como el intento de una bofetada, forma parte del acto de facto del Poder Legislativo en contra del Poder Judicial, es decir, peligrosamente pretende vulnerar la Trilogía Funcional Primaria que es la División de Poderes en México.

Y las interrogantes sobresalen:

¿Para cuándo el TSJCDMX reclamará el Punto de Acuerdo del Congreso de la Ciudad de México, donde pueda emitir un EXHORTO sobre el carácter jurídico constitucional de la División de Poderes en actos de intervencionismo, una clara y excesiva intromisión del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial, ambos autónomos, cuando el primero de ellos intrínsecamente no está respetando el marco democrático e institucional autónomo del Poder Judicial de la capital de la República?

Se le podría interpretar que es el inicio de la violenta tesis de Andrés Manuel López Obrador de mandar al “diablo” a todas las instituciones, a través de marrullerías jurídicas, una vez que asuma la Presidencia de la República.

La diplomática protesta del TSJCDMX sería un severo extrañamiento por parte del Poder Judicial por la evidente y mediática oficiosidad del Poder Legislativo, el cual trata de alterar la vida autónoma y democrática de la Casa de Justicia de la Ciudad de México.

En últimas fecha ha trascendido que el Tribunal Superior de Justicia de la capital sufre una severa crisis de credibilidad y autonomía desde que su anterior presidente permaneció cerca de una década en la silla del Poder Judicial capitalino. Hoy los tiempos han cambiado, pero…

¿Qué hacer para rescatar la imagen del Poder Judicial de la Ciudad de México, de la cual muchos la cuestionan?, es la interrogante de abogados, jueces y magistrados quienes “para no meterse en broncas institucionales”, si bien pidieron el anonimato, coinciden que es una artera violación constitucional la intromisión de un poder autónomo en contra del Tribunal que es el depositario del Poder Judicial, garante de la paz social de todo el país.

Alertan que la independencia y libertad del Poder Judicial es parte de los principios constitucionales básicos que dan vida al Estado mexicano; en consecuencia, es de suma importancia que la elección del futuro presidente del Tribunal se efectúe lejos de intereses económicos, políticos o partidistas, y sin intervención del Ejecutivo ni del Legislativo.

La importancia y trascendencia de la injerencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el nombramiento de magistrados, la creación de Derecho y el control presupuestal del TSJCDMX, no les impide reconocer el plano de igualdad en que se encuentran los tres poderes (…)

Hay que tener siempre presente que el Poder Judicial es indispensable para lograr respeto a las funciones ejecutivas y legislativas del poder político, para asegurar la prevalencia de la Constitución y, por lo tanto garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, por lo que el respeto de su independencia, definitivamente redunda en bien de la nación.

Vale la pena echarle un vistazo al Punto de Acuerdo que el jueves 25 de octubre (2018),los diputados integrantes del Primer Congreso de la Ciudad de México, se enfrascaron en polémico debate cuando se consideró de urgente y obvia resolución extender un exhorto a los Magistrados integrantes del pleno del Tribunal capitalino para que en uso de sus facultades y con plena autonomía se apeguen estrictamente a lo establecido en el artículo 35 inciso b) numeral 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se respete el Principio de No Reelección durante la elección del Presidente de este Órgano Jurisdiccional

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, leyó la columna estructural del exhorto del Congreso-CDMX al TSJCDMX, recordando que la reforma penal de 2008 que implicó el cambio del sistema hacia uno de corte acusatorio, fue pensada como uno de los pasos importantes y necesarios para reformar la justicia procesal penal en México.

Desde una visión democrática, señaló, el Sistema Acusatorio se considera más adecuado a los principios de transparencia, presunción de inocencia, equidad entre las partes, oralidad, control de la producción de la prueba y también un mayor control de las instituciones y operadores que intervienen en el proceso.

Sin embargo, subrayó, aunque el camino era el correcto, enfocarse sólo en la implementación de una nueva normativa procesal no fue suficiente, pues era necesario acompañar este gran cambio con el fortalecimiento de las capacidades para investigar y modificar el esquema organizativo de gestión y respuesta de las instituciones de procuración.

Al respecto ´precisó que el 16 de junio de 2016 se cumplió el plazo de 8 años para que México cambiara el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. “De nada sirve tener un nuevo y mejorado sistema para investigar delitos en México ni nuevas leyes contra la impunidad y la corrupción si el fiscal general, que va a remplazar al Procurador General como líder en la investigación de delitos federales, no tiene autonomía para liderar la fiscalía con independencia e integridad”, reclamó.

Para el legislador morenista, la renovación de los poderes es un acto democrático, un diseño institucional para permitir el cambio pacífico de las instituciones. La independencia judicial es uno de los pilares de las democracias modernas. Si se le compara con los partidos políticos y luchas de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Judicial se presenta como el último defensor de la Constitución, esto es relativo y tiene sus límites.

Por una parte también las Cortes son espacio donde se disputa el poder y por otra un Poder Judicial sin independencia puede llegar a ser una mera extensión de otro poder institucional o real que lo coopta, de tal suerte que la independencia judicial se vuelve aún más importante en los casos en que los Poderes Ejecutivo y Legislativo se encuentran bajo el control de un mismo ente o conglomerado político, además del guardián de la Constitución, el Judicial sería el único freno del absolutismo de la tiranía.

En últimas fecha ha trascendido que el Tribunal Superior de Justicia sufre una severa crisis de credibilidad y autonomía desde que Édgar Elías Azar permaneció más de una década en la silla del Poder Judicial capitalino, según manifestó el legislador. “Es increíble que en cuanto entró en vigencia la Constitución de la Ciudad de México los encargados de impartir justicia, los jueces, pretendan violar la ley para su beneficio. La pretensión del actual titular para reelegirse es inconcebible, una afrenta al mandato constitucional y un delito”.

Cabe señalar que el artículo Trigésimo Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México señala que las normas del Estatuto de Gobierno seguirán vigentes hasta que inicie la vigencia de aquellos que lo sustituyan, y señala expresamente siempre que no contravengan lo establecido en ésta, refiriéndose a la propia Constitución.

No puede haber la menor duda, para quien se conduzca con buena fe, que el artículo 33 de la Ley Orgánica establece la posibilidad de reelección, pero –en un ámbito de interpretaciones constitucionales abyectas partidistas-, contraviene frontalmente lo señalado en el artículo Trigésimo Transitorio de nuestra Carta Magna, por lo que el argumento que esgrime el actual Presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad (Álvaro Augusto Pérez Juárez), “no tiene sustento”, según el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza.

La ciudadanía votó el 1° de julio contra la corrupción, y el Grupo Parlamentario de MORENA honrará ese compromiso, dijo a manera de presunción, y malogró su lacónica petición invasora al hacer un llamado a los magistrados de la Ciudad de México para que actúen con responsabilidad, que “se apeguen al mandato constitucional y no se permita la reelección de nadie, de nadie, de ninguna persona. No es un asunto personal, es un diseño estructural que impide que nadie abuse del poder, en caso contrario, la nación se los demandará”.

El controversial punto de acuerdo tuvo 32 votos a favor, 21 votos en contra y 0 abstenciones, remitiéndose a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.

Reconocen intromisión

Si bien el presidente de la Mesa directiva del Congreso-CDMX, precisó que en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, pidió consultar a la Secretaría del pleno en votación económica si dicha proposición se le considerara de urgente y obvia resolución, trajo por su propia naturaleza política un dramático debate.

Como orador en contra, el diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, reconvino a sus homólogos morenos al citar que “es muy grave el contenido del punto de acuerdo” que acabamos de escuchar; tal vez no es grave en el fondo, tal vez, lo dejo a la interpretación, pero es muy grave en las formas, y les voy a decir por qué.

Nuestro marco constitucional local recientemente aprobado establece claramente cuál es el sistema para nuestro régimen interior, es un sistema de División de Poderes, habla de un Poder Ejecutivo, habla de un Poder Legislativo y habla de un Poder Judicial. Nosotros estamos conminando, estamos exhortando a otro poder a que acate una ley, y no tenemos ningún tipo de autoridad para hacer eso.

¿Con qué cara, con qué autoridad moral podemos defender la autonomía de esta soberanía; soberanía, por eso se llama soberanía porque es un órgano soberano, ante la intromisión de alguno de los otros dos poderes, si nosotros nos estamos entrometiendo en el Poder Judicial?

Imagínense ustedes si en dado caso viniera por ahí algún exhorto de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia para que nosotros corrigiéramos lo que a su juicio es una anomalía o un intento de anomalía en la designación y su procedimiento para el Presidente de la Mesa Directiva, o en el procedimiento para articular la Junta de Coordinación Política. ¿Nos enojaríamos? Por supuesto que sí porque habría una intromisión de otro poder, y es exactamente lo que estamos haciendo nosotros, violentando la División de Poderes y violentando por supuesto el marco normativo constitucional.

Cierto es que existe una interpretación que hay que hacer urgentemente y eso le corresponde a los órganos competentes de carácter constitucional, porque hay una contradicción o una duda, una controversia entre lo que dicta el artículo 35, inciso B para el procedimiento de la elección del Presidente del Tribunal y lo que dice el propio ordenamiento, uno habla de reelección, el otro no. Sin prejuzgar cuál es la correcta, porque no nos compete a nosotros, dejemos que los órganos que les corresponde hagan su trabajo.

Más aún, el punto de acuerdo se mete hasta la cocina, solicita información a la Cancillería, a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el motivo o la causa del ingreso al país de un ciudadano mexicano (Édgar Elías Azar, ex presidente del TSJCDMX y actual embajador de México en Holanda). “La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara, cualquier ciudadano mexicano, y también cualquier ciudadano extranjero, puede entrar y salir libremente de su país, no tiene por qué explicar a qué viene a su país”, reclamó el diputado Triana.

Si existen elementos para integrar una carpeta de investigación, que se presente una denuncia en una agencia del ministerio público donde tenga que hacerse, pero el punto de acuerdo que acabamos de escuchar inaugura, inaugura el uso de la Tribuna del Congreso de la Ciudad de México en su I Legislatura como barandilla del ministerio público, solicita que de oficio se integre una carpeta de investigación.

“No tenemos esas facultades, compañeras y compañeros diputados. Está bien que solicitemos que se aclare un punto donde hay duda, para tener certeza en la toma de nuestras decisiones. Lo que no se vale es la intromisión en otro poder, porque más adelante no tendremos autoridad moral para quejarnos si algún otro poder lo hace con nosotros.  Por lo tanto solicito que este punto sea votado en contra”, puntualizó.

Para hablar a favor del Punto de Acuerdo, el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, desde su curul, fustigó que “lo que llama intromisión el compañero diputado, es una intervención frente a una violación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que si se puede llamar intromisión a pedir el respeto de la Constitución y a los Poderes, ciertamente estaríamos también nosotros cuando lo hagamos en permitir que se nos llame la atención, pero es la Constitución lo que está de por medio.

“No sé de qué habla –abundó- porque para nada se menciona en el punto de acuerdo que el diputado respecto a gente que vino aquí y que Relaciones Exteriores está pidiendo, estamos pidiendo una intervención quién sabe para qué. Está leyendo otro punto de acuerdo que no tiene nada que ver con esto. Pongo por delante entonces por favor la Constitución como razón de ser de los Tres Poderes.

En el polémico debate, el diputado Triana detalló para alusiones, que no hay fundamento legal alguno para que nosotros podamos hacer una intervención en otro Poder. El diputado (Dante Caballero) acaba de decir algo muy preocupante, dijo no es una intromisión, es una intervención ante un acto de ilegalidad. ¿Cuál es el fundamento legal para que podamos nosotros intervenir? No existe el fundamento legal, diputado. No hay fundamento legal para que intervengamos. Estamos siendo excesivos.

Por eso es que digo que el fondo del tema -quizás noble, consideró- no lo dudo diputado, pero estamos siendo excesivos en la manera en cómo estamos interviniendo, si usted lo quiere llamar así, en la vida interna de otro Poder.

A nosotros no nos gustaría que el Tribunal Superior de Justicia “nos exhortara” para que acatáramos nuestro ordenamiento interno para la selección de un Órgano de Gobierno del Congreso, sería completamente absurdo y me parece muy preocupante. Por otro lado, no sé tal vez tengamos un error de redacción en lo que se nos distribuyó, pero le voy a dar lectura al segundo punto de su punto de acuerdo.

La Cámara (sic…) de Diputados de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que haga público un informe de las razones jurídicas y de trabajo que motivaron el viaje de regreso a México del Embajador adscrito a los Países Bajos, Édgar Elías Azar.

De forma inmediata, el legislador panista aclaró: “No tenemos tampoco facultades para solicitar esa información y un ciudadano mexicano no tiene por qué dar cuenta de las razones para entrar o salir de su propio País. Es cuanto, Presidente. Gracias.

En este contexto, el diputado priista Miguel Ángel Salazar Martínez, concretó que “sin duda lo que se maneja en este punto de acuerdo, es un tema de legalidad, pero a su vez de contradicción. Pensamos nosotros que las autonomías de los Poderes en esta Ciudad deben de ser totalmente autónomos, así nos lo marca el control constitucional y sin duda si existe alguna idea por parte de algunos de los integrantes del TSJCDMX, por supuesto que ellos tienen las herramientas jurídicas necesarias para poder interpelar la decisión o inconstitucionalidad o constitucionalidad del precepto aludido.

Consideró que aquí la mayor parte del tiempo estos pronunciamientos, exhortos que se hace sin duda es el equilibrio de poderes entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial y Poder Ejecutivo. Sin embargo creo que el exhorto que se está presentando, me parece un tanto excesivo, es como si lo que comentaba el diputado Triana se pusiera en tela de juicio las designaciones internas de la Junta de Coordinación Política o de la Mesa Directiva de este Congreso.

Estimó en consecuencia que estarían excedidas las facultades por parte del Tribunal Superior de Justicia en el mismo sentido, en el que nosotros como poder constituido tengamos nosotros esa facultad que va más allá de orientar o decidir o quizá comentar, aunque sea vía exhorto decirles cómo manejar en su órgano interior las decisiones como se plantean las elecciones internas del Poder Judicial de la Ciudad de México. De tal suerte que yo también considero y creo que hablo a título de la Fracción Parlamentaria del Revolucionario Institucional, consideramos “excesivo”.

Precisó, de igual forma, que es cierto lo que se dice en este punto de acuerdo, sin embargo creo que no podríamos aprobarlo como de obvia y urgente resolución. Creo que deberíamos turnarlo a comisiones y discutirlo precisamente para que dentro de nuestras atribuciones y facultades podamos nutrir un poquito más estos ordenamientos jurídicos para poder llevar a cabo una decisión más atinada y no generar precedentes negativos.

Enseguida, el diputado Santillán Pérez, referente al alma mater del punto de acuerdo, reiteró:

Único.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a los magistrados integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que en uso de sus facultades y con plena autonomía, se apeguen estrictamente a lo establecido en el artículo 35 inciso B) numeral IX de la Constitución Política de la Ciudad de México y se respete el principio de no reelección durante la elección del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Por lo tanto –destacó- no estamos ante una invasión de esfera de competencias del Tribunal Superior de Justicia. Me parece que el hecho de exhortar a que se respete el principio constitucional planteado en el texto de nuestra máxima Carta, no implica de ninguna manera una intervención en la vida interna.

Hay que recordar que efectivamente estamos en un régimen de separación de poderes y en un régimen de contrapesos.

¿Qué es lo que dice la Constitución de la Ciudad sobre este tema?

Las y los magistrados integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia elegirán por mayoría de votos en sesión pública y mediante sufragio secreto a la persona que lo presidirá; quien lo presida durará en su encargo un año sin posibilidad de reelección alguna, sea sucesiva o alternada, independientemente de la calidad con que lo haya ostentado.

Aquí –dijo- evidentemente que hay un tema de interpretación constitucional en donde habría que plantear si estamos ante una reelección. El planteamiento de algunos magistrados es que al entrar en vigor la nueva Constitución se está ante un caso de nombramiento por primera ocasión del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Me parece que el espíritu de la Constitución y por eso es que expresamente dice: “…Sin posibilidad de reelección alguna, sea sucesiva o alternada, independientemente de la calidad con que lo haya ostentado….”

De tal suerte –afirmó el diputado Santillán Pérez- me parece que hay elementos suficientes para poder plantear una duda constitucional, en su momento una controversia constitucional, y me parece que lo que se está planteando en el punto de acuerdo es, respetando la autonomía del propio Tribunal, que se haga la valoración sobre la constitucionalidad o no de una inscripción en este proceso.

Nosotros tenemos posibilidad de, aquí lo que se está haciendo es un exhorto, una invitación a la reflexión al seno del propio Tribunal. Nosotros no estamos interviniendo ni me parece que sea la postura de intervenir en este momento, en donde claro que podríamos intervenir, podríamos intervenir si nosotros como poder constituido consideráramos que existieron violaciones constitucionales.

Este Congreso –dignificó finalmente-, es garante de la Constitución, es garante de que se respeten los principios constitucionales. En este momento por lo tanto estamos diciendo en el seno del Tribunal valoren la constitucionalidad de la convocatoria en este caso.

En el vaivén de los hechos, para las Barras de Abogados, se concreta un extraordinario desafío la inaceptable intromisión del Poder Legislativo sobre su par en el ámbito Judicial, del cual para muchos, esperan que el sistema estructural gubernamental lo reconfigure como un poder judicial independiente al servicio de la ciudadanía y de la justicia igualitaria, lejos de intereses económicos, políticos o partidistas, y sin intervención del Ejecutivo ni del Legislativo.

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