La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer sus primeros informes de la Cuenta Pública 2017. Lo que llama la atención de la prensa son los resultados de auditoría de proyectos polémicos como el tren a Toluca, el Paso Exprés de Cuernavaca y el aeropuerto de Texcoco. Me parece importante también destacar hallazgos producto de análisis.

Subsidiamos a los que sacaron capitales, para que los repatriaran sólo para la inversión financiera. En el 2017 el gobierno federal ofreció incentivos fiscales para ayudar a que regresaran al país capitales que fueron sacados al extranjero. Retornaron poco más de 385,000 millones de pesos. Sin embargo, sólo 83% de los recursos que regresaron se destinó a inversiones financieras y en la Bolsa de valores. Solamente 5.6% fue a pagos de salarios y contribuciones y 1.2% a la compra de activos.

Los recursos federales en seguridad son gastados con enormes deficiencias por los municipios. Los municipios y las alcaldías capitalinas reciben un Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la CDMX (Fostageg), con un monto de alrededor de 5,000 millones de pesos anuales. Con el mismo se pagan acciones como fortalecimiento de policías, de fiscalías, de prevención, equipamiento, etcétera. La auditoría encuentra tres problemas recurrentes en su ejercicio a lo largo del país: falta de documentación en las adquisiciones, bienes adquiridos no localizados o bienes adquiridos que no operan o no cubren las especificaciones para los que fueron contratados. En general se encuentra muy poca transparencia en el ejercicio de los recursos.

No es posible evaluar si el seguro popular alcanza los objetivos para los que fue creado. La ASF señala que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) ni estableció los términos de referencia, ni realizó la evaluación general de los objetivos y metas del sistema, de tal forma que se puedan adecuar las políticas y operación del seguro popular. El informe dice: “A 14 años de operación, sigue sin contar con información ni indicadores y metas, para evaluar el cumplimiento del mandato del SPSS”.

El apoyo financiero público al campo se concentra en los grandes productores. La ASF evaluó el funcionamiento de fideicomisos de apoyo a actividades agropecuarias. Se encuentra que en general cumplen con las normas que los regulan y que sirven para fomentar al sector. Sin embargo, el informe de la auditoría señala: “Los montos se concentraron en las grandes empresas, lo que no evidenció la democratización del acceso al financiamiento, en particular para los segmentos de la población actualmente excluidos”. Es decir, el apoyo al campo por medio de fideicomisos gubernamentales es probablemente eficaz, pero también regresivo, no cumplen con su objetivo de facilitar la inclusión financiera. Además, de los fideicomisos analizados, solamente uno, el Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios, ayuda a los procesos de transferencia de tecnología.

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