Fue la primera medida que asumieron de manera conjunta los alcaldes emanados de Morena en Ciudad de México (CDMX), y por el tamaño del acuerdo, resulta inédito en la historia de la urbe. Acordaron suspender la recepción de trámites para la construcción de grandes desarrollos inmobiliarios en lo que resta del año, es decir, cerraron la “ventanilla única”; si bien podría pensarse en un tema administrativo, es replantear en conjunto (y a la vez en lo individual) la relación política con un grupo de empresas que tienen clara influencia.

En la reunión que sostuvieron con la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, también se adelantó que elaborarán, de manera conjunta con el próximo consejero jurídico, Héctor Villegas, un documento para pedir al actual gobierno capitalino “que instruya a la Seduvi no autorizar proyectos en tanto no entre el nuevo gobierno.

El objetivo principal o más claro a la vista de ciudadanos y electores es frenar plazas comerciales, hoteles y megadesarrollos de vivienda, entre otros ejemplos. A partir de esa acción, el siguiente paso es revisar , en conjunto con personal del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), si cuentan con la Manifestación de Construcción correspondiente y si cumplen con las normas establecidas, por ejemplo, “uso de suelo, programa de protección civil y el número de niveles autorizados”.

A partir del boom inmobiliario en la capital de hace aproximadamente 20 años, los nuevos desarrollos se han convertido en el “dolor de cabeza” de vecinos, barrios y colonias; lo paradójico es que es al mismo tiempo la muestra clara de una economía que avanza de manera sostenida y que cubre necesidades reales de vivienda y crecimiento.

De acuerdo con la lógica de los alcaldes involucrados en la suspensión, responden de esa manera a la exigencia de una buena parte de sus electores que advirtieron que existen constructoras que “empiezan a desarrollar sin ningún papel”; la principal queja de los vecinos es que algunos proyectos violan el uso de suelo permitido o construyen por encima de los niveles permitidos lo que tiene impacto en el plan urbano de desarrollo o en servicios como agua potable y drenaje.

Con base en ello, las nuevas autoridades locales tendrán “la coartada” para emprender la revisión de las obras en proceso -las que iniciaron sus antecesores– para saber si están en la legalidad o, de lo contrario, suspenderlas y hasta clausurarlas. Podrán decir con “la legitimidad democrática” y legal que cargan aún consigo en estas semanas que ellos sí ponen “orden” y aplican las reglas cómo se debe.

Habrá que ver cómo se opera esta acción, los resultados tan inmediatos que pueda generar y quién de los alcaldes aprovecha este contexto para suspender alguna obra de grandes dimensiones, sin que esto le acarree una demanda como aquellas que obligarían a que deje el cargo. La apuesta suena muy bien para ciudadanos y electores que solo ven problemas en las nuevas obras, pero conlleva también detener la marcha económica de una urbe que requiere de manera sostenida de este tipo de crecimientos.

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