Se repite, con razón, que la democracia, pese a ser imperfecta, es el mejor sistema que se ha creado para la vida en sociedad. Incluso hay analistas que consideran que esta es imprescindible y que incluso en una dictadura, ésta sigue sosteniéndose en la voluntad popular, y cuando esta cambia, el régimen está condenado a caer, tarde o temprano. Maquiavelo recomendaba aún al más despótico de los príncipes, “adular al pueblo”, porque su superioridad numérica lo hace la entidad más poderosa, bajo cualquier sistema. La democracia lo que hace es institucionalizar ese poder, de modo que se evita el derramamiento de sangre cuando debe haber un cambio, y nada más por ese hecho, ya es el menos malo de los sistemas.

El poder político radica en gozar del favor de las mayorías, después de todo, incluso en sistemas no oficialmente democráticos. Y la manera menos mala menos inexacta (ya que no perfecta) de conocer esa cambiante y a veces impredecible o ambigua “opinión popular” es valerse de las encuestas. En este sentido, bien puede decirse que vivimos en una especie de “encuestoracia”, donde las encuestas son el verdadero tirano que dicta lo que hay que hacer y lo que no.

Actualmente, además de medir el apoyo de los ciudadanos a una u otra candidatura para cargos electivos, es posible que los encuestadores ofrezcan, con alto grado de precisión, la aceptación o el rechazo de los ciudadanos a sus autoridades y gobernantes, y el apoyo o rechazo a leyes que dicta en el Congreso y a las medidas y decretos del Poder Ejecutivo. Esto ha puesto en evidencia dos expresiones de diferente connotación: legalidad y legitimidad. Hay en esto una valoración política –si se quiere moral–, pero no jurídica, pues en el campo legal prevalece el criterio de aplicar exclusivamente lo que marca la ley. Sin embargo, más allá de lo legal, es pertinente preguntarse si, cuando se violenta la opinión mayoritaria –claro está, medida por encuestas–, se presenta el caso de la ilegitimidad de lo actuado.

Aterrizando estas ideas al contexto mexicano del momento, las encuestas postdebate nos han traído una discusión interesante: ¿deben unirse las fuerzas políticas para formar una especie de TUCAMLO (Todos Unidos contra Andrés Manuel López Obrador)? Las encuestas publicadas esta semana parecen indicarlo, aunque con matices. Si bien dicen que la suma del Frente y del PRI desbancarían a AMLO, muestran que todavía los encuestados están manifestando su intención de voto según preferencias reales. Es decir, todavía hay entusiastas de Meade que manifiestan claramente su preferencia por él y su rechazo a Anaya. A medida que el tiempo se vaya acercando al primero de julio,  y la posibilidad del triunfo de AMLO se acerque, sí puede darse el acercamiento entre los electores del PAN y el PRI. En ese sentido, la renuncia de Margarita Zavala se convierte en un indicador: muchos de sus seguidores se han ido al PAN, otros ya están con Meade.

Sin embargo, también se puede dar la posibilidad de que, ante la llegada de votantes del PRI al Frente, este termine por romperse. Tanto en el PAN como en el PRD hay sectores que siempre han visto al PRI como un enemigo a vencer y ese parece ser una de las razones para explicar esa alianza tan rara, como lo ha sostenido desde el principio Agustín Basave. De darse ese acercamiento, el sector panista podría acercarse hacia El Bronco mientras que el sector perredista podría  -paradojicamente- girarse hacia MORENA.

No cabe duda de que el clima político de la elección es el de una sociedad enojada y pesimista. En ese sentido, el acercamiento de las fuerzas políticas en un frente antiAMLO, podría no obtener el resultado esperado, que no es otro más que evitar que AMLO llegue a la presidencia. Las diversas encuestas muestran que se requiere de un cambio total en el sistema electoral mexicano, el cual fue construido con un gran esfuerzo a lo largo de décadas, y dotado de los más efectivos candados de seguridad. Casi podría afirmarse que cualquier cambio radical en dicho sistema debilitaría su seguridad. Sin embargo es lo que la gente, que quizá ni siquiera sabe exactamente cómo funciona la mecánica de los comicios en nuestro país, pide en las encuestas que se haga. Y volvemos a la pregunta que ya ha rondado estos espacios anteriormente: ¿es legítimo contrariar la voluntad de la mayoría, aunque se sepa que esta no está debidamente informada? O, por el contrario, ¿es legítimo cambiar lo justo y funcional por el despótico capricho de una mayoría acrítica y guiada por el odio, el pesimismo, el miedo, el prejuicio, la ira y otros sentimientos negativos?

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.