Escrito por: Leo Díaz

Continúan los enfrentamientos entre la delegada panista en Miguel Hidalgo Xochitl Gálvez Ruiz y su antecesor, Víctor Hugo Romo Guerra (hoy legislador local del PRD), por el desvió de recursos públicos, obras inconclusas, peculado  y compras a precios inflados.

En esta ocasión, el legislador perredista, acudió a la PGR  a denunciar a la delegada Xochitl Gálvez y a quien resulte responsable en su administración  por el presunto desvió de  más de 98 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, durante el ejercicio fiscal 2016.

Después de las observaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación a la delegada de Miguel Hidalgo por 98 millones 139 mil 959.10 pesos, más intereses generados, el asambleísta solicitó a la PGR investigue la comisión de los delitos de corrupción, peculado, uso indebido, desvió y mala ejecución de recursos públicos federales.

En la denuncia, también se establece que la delegada de Miguel Hidalgo está obligada a reintegrar a la tesorería los recursos económicos no ejercidos más intereses generados desde su disposición, sobre todo indicó, la funcionaria  deberá aceptar que no ha podido comprobar los gastos en los últimos seis meses de su gestión y eso representa un delito.

El diputado perredista acreditó como prueba documentos de la Auditoria Federal de la Federación al revelar que la gestión de Xochitl Gálvez presentó documentación para intentar solventar la observación, pero el órgano fiscalizador la calificó como insuficiente, no satisfactoria por lo que se mantiene la figura de desvió de recursos financieros públicos.

Romo Guerra  detalló que la auditoría revela en uno de sus apartados: “La delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, no proporcionó evidencia de la documentación que justifique  y compruebe el gasto incurrido en el ejercicio de obras públicas por 98 millones 140 mil pesos, por lo que no fue posible verificar que estos recursos fueran destinados, autorizados y aplicados en los fines y objetivos del FAFEF 2016”, concluye la auditoría de la Auditoria Superior de la Federación.

El asambleísta enriqueció la denuncia presentada ante la PGR a través de datos y cifras que la propia delegación subió en su página de internet, sin embargo dijo que está plagada de inconsistencias.

 Por ejemplo, subrayó  Víctor Hugo Romo: en su página de internet,  la delegación enlista pero no exhibe dos contratos: el DMH-LPLO-037-16 con un monto adjudicado  de $ 26, 937,720.31 y el DMH-IRLLO-010-16 por un monto de $ 1, 814,899.02, no se encontraron ni se documentaron y lo grave es que representan casi un tercio de lo observado por la Auditoria Superior de la Federación, señaló

 Agregó que en  los expedientes publicados por la delegación Miguel Hidalgo, se aprecia que de los 25 instrumentos listados, en 23 no se documentan ni refieren los trabajos contratados, ya que no existe correspondencia ni coincidencia entre los reportes fotográficos y los supuestos trabajos que contrató la demarcación.

Es decir, dijo el asambleísta solo enumera los gastos realizados, pero no exhibe documentos ni proveedores.

 Entonces, agrego Romo, la información de la delegación encabezada por Xochitl Gálvez presenta graves inconsistencias, está incompleta, lo que lleva a concluir que las contrataciones  se realizaron con sobreprecios, obra pagada no ejecutada y de mala calidad, puntualizó.

Ante dichas anomalías el legislador perredista, señaló que será la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR, quien se encargara de realizar las investigaciones y determinar el grado de responsabilidad de la delegada panista Xochitl Gálvez.

A su vez, el Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México de la ALDF, Iván Texta Solís, dijo que si bien es cierto que la comisión que encabeza no le corresponde hacer observaciones ni solicitar la acción de la justicia,  lo que si es cierto, dijo, es que la  delegada de Miguel Hidalgo puede ir a la cárcel sino comprueba con documentos los cerca de cien millones de  pesos.

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