Escrito por Greichs

Cuando se presentan controversias del orden familiar, existen instituciones que nos ayudan a resolver de la mejor manera esta situación, en algunos casos pueden ser defensores para quienes se encuentren en desigualdad o estén en convicción de exigir sus derechos, tal es el caso de menores o parejas involucrados en violencia familiar, disputa por los derechos familiares o cualquier índole referente al tema.

Dentro de estas instituciones jurídicas esta el Tribunal Superior de Justicia, el cual cuenta con juzgados de primera instancia en materia familiar y son los encargados  de dirimir las controversias, tramitación y resolución de juicio de esta índole. Ejemplo de ello son demandas de divorcios, custodias, pensiones alimenticias, sucesiones, adopciones, reconocimientos de paternidad, tutelas, etc.

Por otro lado esta el Ministerio Público, que además de sus funciones encomendadas en la Constitución Mexicana, es también representante social y deberá asumir la responsabilidad en la tramitación de diversos juicios del orden civil y familiar, como por ejemplo vigilar que se cumplan las disposiciones legales, cuando se vean involucrados menores, incapaces, estado civil de las personas, lo relativo a la familia, sucesorios y todo aquello que sea parte o deba actuar con la representación social que le sea propia.

Otra institución pero del orden social, está el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, conocido por como SNDIF o DIF, el cual tiene como actividad general el bienestar familiar, ejemplo de ello es el promover los derechos de los niños y adolescentes, protegiendo su estado de vulnerabilidad, a través de servicio de asistencia jurídica u orientación social, ejerce la tutela de los menores que corresponda al Estado, en términos de la ley y de la legislación civil, coadyuvando con autoridades la protección de la integridad física, jurídica y psicoemocional de ellos, además de otras actividades que le competan.

De igual manera está la Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH), que tiene la facultad de proteger, garantizar, defender y vigilar los derechos de las personas, buscando siempre que se cumpla con las prorrogativas sustentadas de la dignidad humana establecida en el orden jurídico nacional, en la Constitución Mexicana, Tratados Internacionales y demás  leyes. Así mismo todas las autoridades en su ámbito de competencia tienen esta misma obligación y deberán regirse bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Es importante decir que existen más instituciones que son parte de la integración y defensa de los derechos de la familia, incluso Organizaciones Internacionales, preocupadas por la integración social y los derechos de las personas.

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