Escrito por: Enrico Garibaldi

Al cumplirse un año de que el Sistema Penal Acusatorio entró en vigor en la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el gobierno local, así como especialistas evalúan su aplicación y resultados en la entidad para poder reforzar el sistema que busca, a través de un proceso legal, responder en corto tiempo las denuncias de delitos.

Al respecto, el  presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF  Leonel Luna Estrada,  destacó el tema como uno de los de mayor trascendencia  en el ámbito jurídico en los últimos años y uno de los pasos más importantes en el país, resultado de la reforma constitucional de 2008. “Vamos a integrar las conclusiones en una propuesta conjunta que será enviada al Congreso de la Unión y el Jefe de Gobierno lo hará a la Conago”.

Manifestó “la esencia del Sistema consiste en evitar la impunidad, proteger al inocente y reparar  efectivamente los daños producidos por el delito, respetando en todo momento los derechos humanos y el debido proceso legal, a fin de crear un equilibrio entre la no impunidad, el castigo a los culpables y la tutela efectiva del inocente”.

Señaló, “esto significa poner en el centro al ser humano y sus derechos. Estableciendo prisión preventiva únicamente a los imputados que representen un verdadero riesgo por existir datos de prueba que confirmen inminente peligro para la sociedad y la víctima”.

Reconoció que hay fallas en el Sistema y hay preocupación por las preliberaciones, falta capacitación y muchas cosas más, por eso “este foro es el primero en su género al participar los tres órdenes de gobierno y debería de replicarse a nivel nacional”, indicó.

Indicó que al ser un tema trascendente, cobra importancia del Foro y la de escuchar a la sociedad, la academia, a los servidores públicos locales y federales, así como a todos los involucrados en este cambio de paradigma jurídico.

Por lo anterior, los resultados del encuentro servirán para coadyuvar a reforzar las bondades y desde el ámbito legislativo si es necesario llevar a cabo los ajustes normativos necesarios

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