La Asamblea Legislativa aprobó una iniciativa con proyecto de decreto presentada por el diputado Raúl Flores García, para reformar el artículo 54 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, a efecto de que las nuevas gasolineras que busquen instalarse en dicho territorio sean consideradas como establecimientos mercantiles de alto impacto y estén obligadas a presentar con antelación el estudio de impacto de movilidad correspondiente.

Dicha iniciativa tiene el objetivo de frenar la proliferación de gasolineras que a raíz de la Reforma Energética se pretenden construir a lo largo y ancho de todo el país, incluyendo la Ciudad de México, pero cuyas disposiciones ponen en riesgo la movilidad de los habitantes de la capital y con ello su seguridad y su salud.

En ese sentido, Flores García recordó que un día después de la promulgación de la Reforma Energética, en diciembre de 2013, el Ejecutivo federal creó la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente (ASEA), que entre sus atribuciones tiene regular y supervisar la apertura de nuevas gasolineras o estaciones de servicio en todo el territorio nacional, mismas que chocan con las facultades que conservan las autoridades de la Ciudad de México en las materias que son de su esfera de competencia, entre ellas la movilidad y el desarrollo urbano.

Recalcó que la movilidad y seguridad física de las personas podría verse en peligro si se avala la construcción a diestra y siniestra de más gasolineras en la Ciudad de México (incluso en zonas habitacionales y residenciales, instalaciones escolares y centros hospitalarios), entidad donde de acuerdo al estudio denominado “Análisis de Estaciones de Servicio (gasolineras) ubicadas en el Distrito Federal”, realizado en 2015 por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), existen centros de abastecimiento de combustibles suficientes para cumplir con la demanda.

Indicó que todas las disposiciones que marca el artículo 64 del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo del Distrito Federal (RIAR), entre ella establecer una distancia mínima de 100 metros entre dos estaciones de servicio, al menos 400 metros entre una gasolinera y el terreno donde se desarrollen otras actividades riesgosas, una distancia mínima de 25 metros entre las máquinas despachadoras y los límites de predios destinados a vivienda (independientemente de su tipo o densidad) y 150 metros respecto a centros de concentración masiva, como lo son nosocomios y escuelas, se incumplirían de no hacerse las adecuaciones que se proponen a la Ley de Movilidad.

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